780.000€ por mala praxis en el uso de fórceps en el parto

Le fracturan la zona sacra a la paciente al no utilizar adecuadamente los fórceps durante el parto. Las graves lesiones la dejaron inválida y por ello en la actualidad está obligada a utilizar silla de ruedas. El Tribunal Superior de Justicia condena a la sanidad a indemnizar a la parturienta con 780.000 euros, por entender acreditada esta grave negligencia médica cometida en un hospital público de Cataluña.

Complicaciones en el parto y origen de las lesiones

El caso tuvo lugar durante un parto complicado, en el que los médicos optaron por el uso de fórceps para asistir en el nacimiento del bebé. Este procedimiento ocasionó graves lesiones en la zona lumbar de la madre, incluyendo una fractura en la articulación sacroilíaca que derivó en severas secuelas funcionales. Estas lesiones han obligado a la mujer a depender de una silla de ruedas, además de experimentar problemas de incontinencia, imposibilidad de mantener relaciones sexuales debido al dolor y un deterioro progresivo en sus piernas.

Tras interponer una demanda, el tribunal ha fallado a favor de la paciente, condenando al hospital responsable a indemnizarla con 600.000 euros, más intereses que superan los 180.000 euros acumulados desde que se inició el proceso judicial.

Negligencia en la atención médica: falta de una cesárea indicada

El fallo judicial se basa en un informe pericial de la Cátedra de Medicina Legal que concluyó que existía una “absoluta indicación de cesárea” en este caso. La cesárea, de haberse realizado, habría evitado las complicaciones derivadas del uso de fórceps, según el informe. No obstante, los médicos optaron por un procedimiento que resultó lesivo, sin que existieran contraindicaciones objetivas para la práctica de una cesárea.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consideraron probado que los médicos no actuaron con la diligencia requerida, atribuyendo la responsabilidad al Departament de Sanitat i Seguretat Social de Cataluña.

Impacto de las lesiones en la vida de la paciente

La fractura sacroilíaca no solo causó dolores crónicos, sino que también desencadenó un deterioro físico que llevó a la mujer a utilizar una silla de ruedas. Además, ha desarrollado problemas de incontinencia urinaria y otras dolencias que le impiden llevar una vida normal. Los tratamientos médicos y sesiones de rehabilitación no lograron mitigar las secuelas.

Durante el transcurso del litigio, las dolencias de la paciente se agravaron. Esto fue determinante para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconociera el grado de "gran invalidez". Pese a ello, los abogados de la sanidad catalana intentaron argumentar la prescripción de la responsabilidad, alegato que fue desestimado por el tribunal.

La responsabilidad objetiva de la administración

El caso se denunció inicialmente en vía administrativa mediante una reclamación patrimonial a la Administración, pues los particulares tienen derecho a ser indemnizados por daños sufridos como consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor, actos de terceros o culpa exclusiva de la víctima.

En este contexto, la responsabilidad es de carácter objetivo: no es necesario demostrar negligencia o culpa directa del personal médico. Basta con que exista una lesión imputable a la Administración y un vínculo causal entre el daño y la actuación médica.

Condena e indemnización: el fallo del TSJC

En este caso, el tribunal concluyó que el uso de fórceps fue una mala decisión médica que provocó el daño. El TSJC reconoció la gravedad de las secuelas y estableció una indemnización de 600.000 euros, considerando además intereses por el tiempo transcurrido, que ya superan los 180.000 euros. Aunque el tribunal señaló que el caso justificaría una indemnización aún mayor, fijó esta cantidad en atención a los criterios de proporcionalidad.

El abogado de la afectada, del despacho Castillo-Calvín Abogados, ha anunciado que solicitará la ejecución inmediata de la sentencia en caso de que la Administración recurra, para garantizar que la paciente reciba la compensación ante su delicada situación.

Conclusiones del caso

Este caso pone de manifiesto la importancia de una adecuada valoración médica en procedimientos críticos como el parto, así como la necesidad de proteger los derechos de los pacientes frente a decisiones negligentes. También resalta el papel de la justicia en garantizar la reparación de los daños sufridos por errores médicos, reafirmando la responsabilidad objetiva de la Administración en el ámbito sanitario.

En casos de negligencia médica, los tribunales deben evaluar si el profesional de la salud actuó con la debida diligencia o si, por el contrario, su falta de actuación privó a la madre o al bebé de recibir la atención ginecológica oportuna y adecuada durante el embarazo, el parto o ante situaciones de sufrimiento fetal.

Contar con la asesoría de un abogado especializado puede marcar una diferencia significativa en el resultado del caso. La complejidad de los procedimientos legales y la naturaleza técnica de la medicina requieren que las víctimas tengan el respaldo de un profesional experimentado que conozca los entresijos de la ley y la práctica médica. Un abogado capacitado en negligencia médica puede ayudar a las víctimas a navegar el intrincado terreno legal, asegurando que se sigan todos los pasos necesarios para presentar una reclamación efectiva.

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